Entre las diferentes medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros adquieren especial relevancia aquellas decisiones encaminadas a dinamizar el mercado del alquiler de viviendas en nuestro país, como un paso más para intentar cambiar la tendencia histórica de España de priorizar la propiedad por encima del alquiler.

El pasado 11 de mayo se aprobó un nuevo Real Decreto-ley con medidas de relanzamiento de la economía, esta vez enfocado a la reforma del sector financiero y más concretamente a su saneamiento por el impacto del deterioro de los activos inmobiliarios que se han ido incorporando a los balances de las entidades de crédito.

El deterioro de la economía ha evidenciado determinadas carencias de la legislación en materia de insolvencias. Estas carencias impiden que nuestra legislación concursal no cumpla con su objetivo principal: la conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado. Por este motivo, el pasado día 10 de octubre de 2011, las Cortes Generales aprobaron la Ley 38/2011, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Las modificaciones más importantes van dirigidas a la agilización y simplificación del procedimiento concursal, además de profundizar en las alternativas al concurso.

El sábado 31 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, en el que se introdujo, entre otras, una modificación en el sistema de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades que, junto con las modificaciones que ya había introducido al respecto el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, deben tenerse en cuenta para la preparación de los pagos fraccionados que deben presentarse durante el año 2012.

Con fecha 25 de febrero de 2012 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (en adelante, el "Real Decreto-ley"), con el que se pretende implementar un mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas de las entidades locales con sus proveedores, así como de su financiación, para, por un lado, suministrar liquidez a las empresas y, por otro, apoyar financieramente a las entidades locales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de febrero de 2012 ha anulado el artículo 10.2, letra b), del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Aunque esta resolución ha sido presentada por algunos como una absoluta liberalización en el tratamiento de los datos personales, las cosas distan de ser así.

Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En el presente documento de Novedades se recogen, de forma sumaria, los aspectos más relevantes de la corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral publicada en el Boletín oficial del Estado del 18 de febrero de 2012.

Novedades más importantes en Derecho Urbanístico y de Ordenación del Territorio sucedidas en España en el pasado año 2011.

La tan esperada reforma laboral ha visto la luz por medio del Real Decreto- Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes, para la reforma del mercado laboral. Se trata de una reforma amplia, que abarca gran parte de las modificaciones que habían sido reclamadas por las organizaciones empresariales, los despachos de abogados, las asociaciones de profesionales autónomos, las empresas de trabajo temporal, un ingente número de instituciones, tanto nacionales como extranjeras... Esta reforma, nos acerca al resto de las normativas de los países de la Unión Europea y moderniza nuestro mercado de trabajo, dotándolo de la necesaria flexibilidad y vitalidad.